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Pacto Social y Constitución.

La Constitución Política del Estado, es reflejo del pacto social acordado por los miembros de una sociedad o impuesto por una parte de ella a otra parte de la misma.

Nuestra Constitución nacional tiene vicios de origen, nace durante la sanguinaria tiranía militar en 1972, sufre sus mayores modificaciones en 1983 y luego del retorno de la democracia formal pasa por tres actos legislativos, apenas trascendentes.


La democracia no es sólo votar, está se configura en hecho cierto y vivo cuando el pueblo trabajador –que es el componente mayoritario de la sociedad- ejerce la soberanía del Estado, cuando este sujeto colectivo construye una realidad basada en la igualdad, la justicia social, la dignidad de toda la humanidad y el ambiente que le rodea.

La historia de nuestra patria con sus cuatro Constituciones al hombro, no es la historia de un pueblo trabajador soberano, por más que lo proclame la Carta Magna vigente, es la historia de un banquete al que sólo hemos sido convidados como espectadores, a recoger las migas del festín que disfrutan las mismas familias de siempre, sus socios extranjeros y unas cuantas rémoras que van y vienen, al vaivén de las elecciones y las crisis cíclicas del capitalismo.

El pacto social representado en la actual Constitución Política no fue acordado por el pueblo trabajador panameño, le ha sido impuesto, unas veces por la fuerza de la bota militar, otras por la violencia solapada que nace cual resaca, después de las subastas electoreras.

Cada Constitución contiene en si misma los mecanismos para ser reformada parcial o totalmente (nueva Constitución), los cuales deberían ser adecuados a las necesidades de la sociedad que regulan. En la última reforma se introdujo en el texto constitucional la alternativa de la Asamblea Constituyente Paralela, lo que en primera instancia podría parecer positivo, pero al entrar a estudiar en detalle los elementos que la componen, la forma de elegir dicha Asamblea y los límites de reforma que se le imponen -no es plenipotenciaria- nos damos cuenta que el status quo coloco está opción de reforma constitucional como una válvula de escape de la presión social, pero de ningún modo pretendió que la Asamblea Constituyente Paralela tuviese la posibilidad introducir los cambios estructurales que necesita nuestra sociedad.

Ninguna de nuestras Constituciones anteriores ha sido reemplazada por el método que ella establecía internamente. La de 1904 acabo de un plumazo, la de 1941 sufrió el destino del gobierno que la creo y la de 1946 se esfumó entre las torturas de la doctrina de seguridad nacional; todas fueron superadas por las condiciones objetivas del momento, lo cual es natural, pues el Derecho no está por encima de las relaciones de poder y las contradicciones sociales del Estado que regula.

Es necesario un nuevo pacto social, es necesaria una nueva Constitución y el factor determinante para concretizarla frente a la oposición de los poderes fácticos y los poderes constituidos -que muchas veces se entremezclan entre sí- es la organización del pueblo trabajador, sólo él, como sujeto colectivo soberano, es capaz de conducir las transformaciones necesarias y urgentes.

Está organización del pueblo trabajador pasa primeramente por la profundización de las condiciones subjetivas, es decir, que tome conciencia de sí mismo, que el trabajador se reconozca a sí mismo como trabajador, independientemente del sector productivo en el que labore, y que al reconocerse como trabajador pueda ir identificando los objetivos comunes de los otros de su misma clase social.

Los trabajadores somos los creadores de riqueza, los que hacemos caminar los engranajes de la sociedad, somos los más y no debemos permitir que nos traten como los menos, como los que sólo votan y se van a sobrevivir, los que reciben caridad de sus impuestos, los condenados a escuelas y hospitales de tercera. En manos del pueblo trabajador está la conquista de una Constitución y un Estado realmente democrático.

Publicado en “Kaos en la Red” el 17 de septiembre de 2010 y “La Estrella de Panamá” el 3 de octubre de 2010.

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